Al parecer el poder de las bandas criminales llegó al límite de la razón. Ninguna vida vale si no está al servicio "del negocio", de la causa superior, de esa raza suprema que parecen creer ser los capos.
La vida del que estorba, dice que no, del desertor, no vale y debe ser eliminada...
De qué otra manera se puede interpretar el hallazgo esta semana de los cadáveres de 72 indocumentados en un rancho de San Fernando, en el sur de Tamaulipas, que ha puesto de relieve el lucrativo negocio de la inmigración ilegal manejado por el crimen organizado y denunciado no por las autoridades, ni los militares, ni la iglesia o el gobierno; denunciado por una de las víctimas que milagrosaMENTE pudo escapar a la matanza...
Las víctimas de esta actividad suelen ser personas que huyen de la pobreza en Centro y Sudamérica. Atraviesan México con coyotes y viajan apenas con lo puesto.
¿Cómo puede ser negocio la gente pobre? me preguntaba un amigo el otro día. ¿Para qué secuestrar o extorsionar indocumentados si no tienen en que caerse muertos?
Para los especialistas, lo fuerte no es tanto el dinero de los secuestros, que asciende a millones de dólares, sino el trasiego de estupefacientes.
Los criminales se aprovechan de la pobreza e ignorancia de esa gente. Personas buenas. Campesinas. Trabajadoras. Los afilian a la delincuencia. Acaban envileciéndose. Como la droga que termina por redefinir su mundo.
Cifras de víctimas migrantes e indocumentados; realMENTE tristes
La aproximación oficial más reciente sobre los migrantes que han sido secuestrados en el territorio mexicano es de unas 10 mil personas. Dato apenas calibrado a partir del 2009 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo autónomo del Estado, y apunta a unos 1,600 secuestrados al mes, en la mayoría de los casos a manos de grupos del crimen organizado.
El gobierno mexicano no comparte estas cifras porque cuestiona la metodología con la que se han obtenido, lo que demuestra que es un delito prácticaMENTE invisible para la autoridad.
Para Pablo Martínez, portavoz de la organización Sin Fronteras, que defiende los derechos de los indocumentados, la realidad es mucho peor que lo que ya augura ese cálculo.
"No hay cifras, no hay números confiables sobre cuántos inmigrantes han sido verdaderaMENTE secuestrados y asesinados en territorio mexicano", asegurando, además, que muchas de las muertes de indocumentados nunca saldrán a la luz porque los grupos criminales han desarrollado técnicas eficaces para hacer desaparecer los cadáveres.
Los matan. Los descuartizan. Los creman. ¿Cuál crimen? Las naciones se desgarran las vestiduras y claman al gobierno mexicano, impotente ya de ocultar las apariencias, un alto a la violencia en México. (el pueblo ha pedido por casi cuatro años lo mismo y nada)
Según el informe de 2009 de la CNDH, "la frecuencia y magnitud de los secuestros de migrantes implica una actividad delictiva de enormes proporciones, que representa altos ingresos a la delincuencia".
De acuerdo con sus cálculos, el crimen organizado obtendría beneficios por valor de unos $25 millones de dólares a raíz de estos plagios. ¿Importa la cantidad?
Actividades del NARCO en Tamaulipas
En un comunicado reciente, el Ministerio de Gobernación reconoció que la delincuencia organizada enfoca ahora sus actividades contra los indocumentados. El grupo de crimen organizado autor de la reciente matanza y que más se menciona como autor de los secuestros de indocumentados es el Cartel de Los Zetas. Para Alejandro Poiré, vocero en materia de Seguridad del Gobierno Federal, los indocumentados provenientes de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil son víctimas de la desesperación de los mafiosos por perder terreno frente al éxito del Gobierno Federal en la lucha (no guerra) contra el narco.
Para las organizaciones civiles, que desde hace años han hecho llamados sin eco en la autoridad sobre la tragedia de los indocumentados, tiene años que los Zetas iniciaron sus operaciones en la región de Tamaulipas, que han expandido sus actividades por todo México, y que en los últimos dos o tres años se ha visto una unificación del mercado ilícito, expresada en el secuestro y transportación de migrantes.
Los criminales se aprovechan de los indocumentados quitándoles el dinero de hoy, de ayer y de mañana. De hoy, a partir del robo de dinero en efectivo (a menudo prestado) que los indocumentados llevan encima para poder pagar el largo y costoso trayecto hasta Estados Unidos. De ayer, porque al exigir un pago por el rescate acaban con los ahorros de ellos mismos y de los familiares y amigos que el secuestrado pueda tener en su país de origen o en Estados Unidos. De mañana, porque con frecuencia los criminales mantienen las extorsiones durante un tiempo, cobrando mensualMENTE por una liberación futura que puede llegar a suceder... o no.
El otro gran propósito de los secuestros de indocumentados es el reclutamiento forzado para los cárteles de la droga.
Como ilegales, son inexistentes en registros oficiales y constituyen mano de obra barata o gratuita y de la que fácilMENTE se puede prescindir llegado el momento sin apenas consecuencias.
Matanza en San Fernando es una vergüenza
Los Zetas secuestraron a 58 hombres y 14 mujeres, una embarazada, más el ecuatoriano que logró escapar. Les propusieron que fueran sicarios, por mil dólares a la quincena. Rehusaron la oferta. La historia es de terror.
En su informe "Las víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México", de abril de este año, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre los "niveles alarmantes" de abuso que sufren "decenas de miles" de centroamericanos que cada año cruzan territorio mexicano hacia USA.
Los privan de su libertad. Los golpean hasta casi matarlos. Los asesinan... detalla el informe redactado mucho antes de atestiguar lo de San Fernando.
"No hay una política de atención a víctimas del secuestro, no hay prevención del delito, no hay absolutaMENTE nada más que palabras por parte del Estado mexicano", denuncia Pablo Martínez, el portavoz de Sin Fronteras.
Por su parte, el Gobierno de México expreso, estos días, que comparte plenaMENTE la preocupación por el problema del secuestro de migrantes y que ha tomado medidas para combatirlo. No obstante, en un informe publicado en julio pasado aclaró que "no avala ni comparte las cifras de la CNDH, debido a que se desprenden de una metodología cuyo propósito no es el de medir el fenómeno con precisión, sino alertar respecto a su existencia y posible incremento".
El caso es que setenta y tres migrantes recorrieron el país sin que ninguna autoridad se diera cuenta hasta que fueron copados por las mafias a las que, asegura la autoridad, terminaran por vencer. Pero la única forma de explicar los hechos se resume en dos palabras: complicidad y corrupción.
No hay forma de que la autoridad no se percatara de la presencia de los indocumentados. Si alguien conoce el flujo de los migrantes son las autoridades. Los migrantes cruzan el país por rutas conocidas. Pasan por Veracruz y Tabasco para desde ahí dirigirse a Tamaulipas, destino final en México; después Estados Unidos.
Hace poco más de dos años en Quintana Roo, un camión oficial transportaba migrantes centroamericanos para deportarlos.
En medio de la "nada", así lo dijo uno de los agentes que iba en el operativo, apareció un grupo armado e interceptó violentaMENTE el vehículo. Bajaron a los agentes de migración, los sometieron y se llevaron a los migrantes. Días después los "secuestrados" aparecieron en Ciudad Hidalgo, Texas. La directora del Instituto Nacional de Migración aseguró entonces que había mucha corrupción en la institución.
¿Hace dos años? Es evidente que hoy en día está corregida y aumentada.
